En España, la implementación de un canal de denuncias en las empresas se ha convertido en una obligación legal para aquellas con más de 50 empleados. Esta medida se estableció para reforzar la lucha contra la corrupción y promover un entorno de trabajo ético y transparente. Los canales de denuncias permiten a los empleados informar, de manera confidencial y segura, cualquier actividad ilegal o incumplimiento de las normativas internas de la empresa, sin temor a represalias.

Esta obligación se enmarca dentro de la transposición en España de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, también conocida como la Directiva de Protección de los Denunciantes. La directiva tiene como objetivo proteger a los trabajadores que denuncian infracciones y asegurar que las empresas cuenten con procedimientos adecuados para gestionar estas denuncias.

Las principales empresas y organizaciones que están obligadas a implementar un canal de denuncias incluyen:

• Empresas privadas con 50 empleados o más: La obligación de implementar un canal de denuncias aplica a todas las empresas privadas que tengan 50 empleados o más. Esto incluye una amplia gama de empresas, desde pequeñas y medianas empresas (PYMEs) que alcanzan este umbral de empleados, hasta grandes corporaciones.
• Entidades de sector público, independientemente de su tamaño: Todas las entidades del sector público deben establecer canales de denuncias, sin importar el número de empleados. Esto incluye administraciones públicas, organismos gubernamentales y cualquier otra entidad financiada con fondos públicos.
• Empresas y organizaciones que operan en ciertos sectores regulados: Independientemente de su tamaño, las empresas que operan en sectores específicamente regulados, como el financiero, la prevención del blanqueo de capitales, y la protección del medio ambiente, entre otros, están obligadas a implementar canales de denuncias. Esto se debe a la alta relevancia de la transparencia y el cumplimiento normativo en estos sectores.

Las entidades del sector privado que empleen a 50 o más trabajadores deberán disponer de canales de denuncia antes del 17 de diciembre de 2023.

Para las entidades del sector público, la obligación de implementar estos canales es inmediata, sin importar el número de empleados, desde la entrada en vigor de la ley (20 de febrero de 2023).

Sanciones económicas: Una de las consecuencias directas para las organizaciones que no cumplan con la obligación de implementar un canal de denuncias es la imposición de sanciones económicas. La ley establece un régimen sancionador para aquellos que incumplan las disposiciones relativas a la protección de los denunciantes, incluyendo multas que pueden ser sustanciales, dependiendo de la gravedad del incumplimiento.

Daño reputacional: La falta de un canal de denuncias puede ser percibida negativamente por el público, los clientes, los inversores y otros stakeholders. En una era donde la responsabilidad corporativa y la transparencia son altamente valoradas, el no cumplir con estas expectativas puede dañar significativamente la reputación de una organización.

Riesgos legales y de cumplimiento: Al no disponer de un mecanismo formal para la recepción y gestión de denuncias, las organizaciones se exponen a un mayor riesgo de no detectar o actuar adecuadamente ante infracciones legales o éticas internas. Esto puede resultar en litigios, investigaciones por parte de autoridades reguladoras y otros problemas legales.

Impacto en la cultura organizacional: La ausencia de un canal de denuncias puede afectar negativamente la percepción de los empleados sobre el compromiso de su organización con la ética y la integridad. Esto podría resultar en una menor confianza y satisfacción laboral, así como en una disminución de la disposición de los empleados a reportar conductas indebidas internamente.

Desventaja competitiva: En sectores donde la ética y el cumplimiento son criterios importantes para la selección de proveedores o socios comerciales, el no disponer de un canal de denuncias puede colocar a una organización en desventaja competitiva frente a aquellas que sí demuestran un fuerte compromiso con la transparencia y la responsabilidad corporativa.

Disponemos de un periodo de prueba gratuito de 14 días para que conozcas nuestro servicio y compruebes lo sencillo de su implementación y uso. Después de ese tiempo puedes optar por su contratación a través de la nuestra plataforma mediante un proceso básico de pago y facturación.

En muy pocos minutos podrás implementar la solución dentro de tu empresa, personalizándola con tu imagen corporativa, embebiéndolo en tu web, así como generando la estructura para la atención de las denuncias y su proceso de reporte.

No hay compromiso alguno. Ofrecemos dos opciones de contratación; Mensual con renovación automática pero que dispone de la opción de dar de baja el servicio sin consecuencia alguna. Anual con un solo pago y con la posibilidad de renovarlo pasado dicho periodo.

Puedes acceder a nuestras tarifas de contratación a través del siguiente enlace: https://weok.legal/precio

Nuestra empresa es 100% española, y ofrece la configuración para todas las lenguas co-oficiales del Estado (castellano, catalán, euskera y galego), así como en inglés.