canal de denuncias obligatorio

Qué empresas están obligadas a tener un canal de denuncias

Tabla de contenidos

La puesta en marcha de un canal de denuncias en la empresa es una herramienta esencial para fomentar la transparencia en las empresas y cumplir con la legislación vigente. Existe desde el 2023 la obligatoriedad de un canal de denuncias en España en todas las empresas con más de 50 trabajadores en su plantilla.

También es muy recomendable en empresas con menos de 50 trabajadores, aunque legalmente no están obligadas a ello.

Obligatoriedad canal de denuncias

Las empresas con más de 50 trabajadores en España están legalmente obligadas a disponer de un canal de denuncias anónimo y confidencial.

Esta medida tiene como objetivo principal promover un entorno laboral ético y prevenir posibles irregularidades, como acoso sexual o abusos. El hecho de que sea anónimo es para garantizar la privacidad del denunciante y además cumplir con la legislación específica española en materia de Protección de Datos.

Recomendable para empresas más pequeñas

Aunque no existe una obligación legal para empresas con plantillas inferiores a 50 empleados, se recomienda la implementación de un canal de denuncias. Los beneficios que aporta a este tipo de empresas lo hacen más que recomendable. Permite la protección de los trabajadores y ayudar a salvaguardar sus derechos.  

Contribuye a la detección temprana de problemas y a la creación de una cultura organizacional basada en la integridad.

¿Por qué hay empresas obligadas a canal de denuncias anónimo?

Los cambios legislativos que se han producido en España en el último año han implantado la obligación de un canal de denuncias en determinadas empresas.

El canal de denuncias en empresas de más de 50 trabajadores es obligatorio. No hacerlo implicará que puede haber sanciones económicas muy fuertes. Estas sanciones se pueden producir a través de inspecciones por parte de las administraciones y también por denuncias de los propios trabajadores de la empresa.

Esta obligatoriedad se estableció en el 2023 y se ha ido implantando progresivamente en España.

En febrero de 2023, se publicó en el BOE la nueva Ley de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta ley obliga a algunas compañías a implementar canales de denuncia, según la Directiva (UE) 2019/1987 del Parlamento Europeo.

Pero existen una serie de leyes y normativa nacional e internacional que también afectan a este tipo de canal de denuncias obligatorio España.

Normativas internacionales de canal de denuncias obligatorio

Las empresas que operan a nivel internacional deben cumplir con normativas como la Directiva Whistleblower en la Unión Europea.

Esta directiva establece un marco común de protección para los denunciantes, asegurando su confidencialidad y previniendo represalias.

El 23 de abril de 2018, la Comisión Europea aprobó la nueva Directiva para la Transparencia «Directive on the protection of persons reporting on breaches of Union law». Esta medida protege a todas las personas que denuncien casos de corrupción, fraude o violaciones de las leyes en los países de la Unión Europea.

La Directiva establece la obligación para los Estados miembros de crear canales de denuncia, tanto internos como externos a la organización, garantizando la confidencialidad. Se establecen 3 niveles: un canal de denuncias interno, un canal de autoridades competentes y, en caso de inacción, la posibilidad de recurrir a los medios de comunicación.

Protección de datos personales

La ley de protección de datos personales también influye en la obligatoriedad de implementar un canal de denuncias para empresas que tenga un carácter anónimo.

Garantizar la confidencialidad y privacidad de los denunciantes es esencial para cumplir con estas regulaciones.

Por eso es recomendable contar con un canal de denuncias en empresas que sea externo a través de un servicio o aplicación que permita salvaguardar los datos y garantizar el anonimato en todo momento.

La legislación laboral en España

La legislación laboral en España, como pueden ser el propio Estatuto de los Trabajadores y los distintos convenios, ya comienzan a incluir menciones al canal de denuncias obligatorio.

No hay que olvidar que son derechos de los trabajadores su protección y poder trabajar sin coacciones ni abusos de ningún tipo. Estos canales de denuncias son los que defienden y garantizan una gran parte de sus derechos.

La implementación de un canal de denuncias no solo es una medida obligatoria, sino que también conlleva una serie de beneficios que van más allá del cumplimiento legal.

Desde la promoción de la transparencia hasta la detección temprana de prácticas ilegales, un canal de denuncias obligado es una herramienta clave para la gestión ética y eficaz de cualquier empresa.

Empresas obligadas a canal de denuncias

Tras la entrada en vigencia de la Ley de Protección del Informante, según la Directiva (UE) 2019/1987 del Parlamento Europeo, se establecieron nuevas obligaciones para las compañías.

La Ley 2/2023 detalla las empresas que deben instaurar canales de denuncia obligatoriamente.

Desde mediados de 2023 ya comenzaron a imponerse multas por parte de la Inspección de Trabajo a empresas que no lo habían puesto en marcha, estando obligadas por superar el límite de 50 trabajadores.

Están obligadas a cumplir con esta nueva legislación todas las instituciones públicas, empresas privadas con más de 50 personas empleadas y personas jurídicas del sector privado.

¿Qué empresas están obligadas a crear canales de denuncia?

Están obligadas a tener un canal de denuncias para empresas obligatorio:

Corporaciones, entidades y empresas del sector privado

  • Personas físicas o jurídicas del ámbito del sector privado que tengan 50 o más trabajadores en plantilla.
  • Personas jurídicas del sector privado que entren en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea en distintos servicios, productos y mercados financieros, seguridad del transporte, protección del medio ambiente o prevención del blanqueo de capitales o financiación de actividades terroristas.
  • Personas jurídicas que no tengan su domicilio en España, pero sí operen en el país a través de agentes, mediadores o sucursales que presten sus servicios.
  • Partidos Políticos, sindicatos, fundaciones u organizaciones empresariales que gestionen y reciban cualquier tipo de fondo público.

Como ya hemos mencionado, también es recomendable que cualquier persona jurídica que opere en el sector privado establezca un canal de denuncia, aunque la ley no le obligue a ello.

Grupos de sociedades

En el caso de un grupo de sociedades, será la sociedad dominante la que deba aprobar una política general común para todo el grupo en lo que respecta al canal de denuncias para empresas para defender al informante.

Es esta sociedad la que tiene la misión de garantizar que se cumplan estos principios de privacidad, aunque cada sociedad tenga la autonomía e independencia de gestionarlo de manera independiente.

El responsable en estos casos puede ser la sociedad matriz o cada una de las empresas o entidades que lo componen. Pero la dirección de la sociedad en sí es la que debe vigilar que esta medida se ponga en práctica.

¿Quién está obligado a tener canal de denuncias en el sector público?

Las empresas públicas o entidades que integran el sector público también están obligadas a tener en funcionamiento un canal de denuncias.

Entre ellas podemos destacar:

  • Instituciones gubernamentales, tanto la Administración General del Estado como las Administraciones de las comunidades autónomas, ciudades con Estatuto de Autonomía y las entidades que forman parte de la Administración Local.
  • Organismos y entidades públicas vinculados o dependientes de cualquier Administración gubernamental.
  • Autoridades administrativas independientes, como puede ser el Banco de España y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
  • Instituciones académicas como las universidades públicas.
  • Corporaciones reconocidas como entidades de Derecho público.
  • Fundaciones que operan en el ámbito del sector público.
  • Empresas comerciales cuya participación, ya sea directa o indirecta, en el capital social supere el 50%.
  • Órganos constitucionales, aquellos de relevancia constitucional e institucional.

Otras empresas que deben tener un canal de denuncias obligatorio

En el contexto de empresas multinacionales, contratar un canal de denuncias también es importante.

La diversidad cultural y las variaciones en las leyes laborales entre países hacen que contar con un sistema unificado facilite la gestión de denuncias y garantice la coherencia con estándares internacionales.

Las startups y empresas emergentes

Aunque las startups pueden tener plantillas reducidas, la implementación de un canal de denuncias puede establecer una cultura ética desde el principio.

Esto ayuda a prevenir problemas antes de que se conviertan en obstáculos significativos y contribuye al desarrollo sostenible de la empresa.

También hay que pensar que este tipo de empresas, en especial en el sector tecnológico, surgen con poca plantilla y en un principio no están obligadas a tener un canal de denuncias. Pero de tener éxito en poco tiempo suelen aumentar su número de trabajadores y en poco tiempo para a ser legalmente exigible que tengan un canal de denuncias obligatorio.

Empresas del sector tecnológico

En un entorno donde la innovación es clave, las empresas tecnológicas a menudo son objeto de atención pública. Tener un canal de denuncias no solo cumple con las normativas, sino que también refuerza la imagen de responsabilidad social y transparencia, aspectos cruciales en este sector.

Todas las empresas se benefician de este nuevo servicio para proteger a los trabajadores, tanto aquellas que están obligadas a tener un canal de denuncias como aquellas que no lo están.

Permite proteger a sus trabajadores, dar una mejor imagen hacia clientes y colaboradores y mejorar su reputación. También mejora su eficiencia en los procesos y la productividad de su plantilla gracias a un buen ambiente de trabajo donde se fomenta un trabajo saludable y protegido.

Con carácter general, en lo que se refiere al canal de denuncias, empresas obligadas son todas aquellas que tienen más de 50 trabajadores.