La normativa del canal de denuncias es fundamental para la protección de los informantes y la lucha contra la corrupción. La Ley 2/2023 establece la obligatoriedad de contar con un canal de denuncias para empresas con más de 50 empleados.
Se recomienda su puesta en práctica en empresas de menor tamaño. La ley garantiza la confidencialidad de los denunciantes y regula el proceso de tramitación de las denuncias. También se incorpora la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo.
La normativa que obliga al canal de denuncias
Un canal de denuncias es una herramienta fundamental para garantizar la transparencia y la lucha contra la corrupción en las empresas y entidades públicas.
Es el mecanismo y la herramienta que permite que los empleados puedan denunciar de manera confidencia posibles infracciones que se cometan en la empresa.
Este canal debe cumplir con diversas características y requisitos establecidos por la normativa, principalmente garantizar la confidencialidad y la identidad del denunciante.
También debe facilitar la comunicación rápida y sencilla de la información, contar con un responsable del sistema y establecer un protocolo claro para el proceso de tramitación de las denuncias.
La legislación que afecta al canal de denuncias
Son varias leyes las que afectan al canal de denuncias, la normativa es clara sobre ello.
Por eso en la mayoría de los casos lo recomendable es contar con un software externo para la gestión del canal de denuncias. Este tipo de aplicaciones permiten cumplir con toda la normativa del canal de denuncias sin cometer ninguna irregularidad.
Vamos a ver las más importantes.
La Ley 2/2023 que establece los requisitos legales del canal
La Ley 2/2023 es la norma principal que establece los requisitos legales para los canales de denuncias en nuestro país.
Esta ley es aplicable tanto al ámbito privado como al sector público. Su objetivo principal es garantizar la confidencialidad de los denunciantes y fomentar la transparencia y la honestidad en las organizaciones.
Según esta normativa, todas las empresas con más de 50 empleados están obligadas a implementar un canal de denuncias interno a partir del 13 de junio de 2023.
También se recomienda que se implante en empresas de menor tamaño, pero no es obligatorio.
La Ley 2/2023 establece una serie de requisitos que deben cumplir los canales de denuncias, entre ellos:
- Garantizar la confidencialidad de la identidad del denunciante.
- Facilitar la transmisión de información de forma fácil y rápida.
- Contar con un responsable del sistema encargado de recibir y gestionar las denuncias.
- Establecer un protocolo claro y eficiente para el proceso de tramitación de las denuncias.
Son requisitos fundamentales y de obligado cumplimiento para asegurar la efectividad y legalidad de los canales de denuncias.
Además, ayudan a promover la participación ciudadana en la lucha contra las infracciones normativas.
La directiva Whistleblowing y su impacto en la normativa española
La Directiva Whistleblowing, también conocida como Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, ha tenido un impacto directo en la normativa española de canales de denuncias.
El objetivo de esta ley es establecer el marco común para la protección del denunciante en toda la Unión Europea.
Precisamente la Ley 2/2023 que ya hemos mencionado es la transposición española de dicha ley a la normativa en España.
Esta ley europea amplía la protección de los denunciantes al establecer un marco de seguridad que asegure su derecho a la confidencialidad. También a no sufrir discriminación por el hecho de denunciar y ningún tipo de represalias en la empresa tanto del sector público como privado.
La normativa española ha adaptado los requisitos establecidos en la Directiva Whistleblowing para los canales de denuncias en el ámbito nacional.
Hay que destacar que esta directiva Whistleblowing y su contraparte en España es un cambio significativo en la cultura empresarial de nuestro país.
Frente a una práctica de impunidad en el pasado, ahora se reconoce la importancia de fomentar una cultura de denuncia y trasparencia en las empresas y organizaciones privadas y públicas.
Para ello se intenta que la normativa del canal cree un espacio seguro y protegido para los informantes.
El reglamento del canal de denuncias
Si bien no es legislación como tal, sí se puede considerar que el reglamento del canal de denuncias es parte de la normativa. En este caso, con carácter interno es el documento que establece cómo debe funcionar el canal.
El reglamento del canal de denuncias actúa como un manual que detalla el funcionamiento de este sistema.
Define su marco legal, su alcance, a quién y dónde dirigir las denuncias, y el procedimiento a seguir.
Esto incluye la forma de presentar las denuncias, la entidad responsable de su gestión, los derechos de los denunciantes y los acusados, el procedimiento post-denuncia y los posibles desenlaces, entre otros aspectos clave.
Este reglamento debe ser público, accesible y comprensible para todos los integrantes de la organización, aclara cómo opera el canal y los fines que busca alcanzar.
¿Qué diferencias hay entre la normativa española y la directiva europea?
No son muchas las diferencias entre la Directiva Europea Whistleblowing y la normativa española, una complementa a la otra y las dos son de obligado cumplimiento.
Las diferencias pasan por el ámbito de aplicación, ya que obviamente la directiva europea afecta a todo el territorio europeo, cosa que no sucede con la Ley 2/2023.
La Directiva establece una protección más amplia y exhaustiva del denunciante, incluyendo medidas específicas para evitar represalias y garantizar la confidencialidad de la identidad del denunciante.
Además, la Directiva Whistleblowing establece estándares más detallados y exigentes para los sistemas de denuncia que la legislación española, incluyendo la creación de canales seguros y protegidos para la recepción de denuncias.
También hay una diferencia en lo que se refiere a la responsabilidad de las empresas para crear canales de denuncias. Si en la normativa europea se establecen que están obligadas las empresas con más de 250 trabajadores, en el caso de la ley en España este carácter obligatorio afecta a las empresas con más de 50 trabajadores.
Contacta con WeOk para conocer el precio del canal de denuncias.