Ya hemos hablado anteriormente del canal de denuncias y la necesidad de que se implante en todas las empresas. De manera obligada para aquellas con más de 50 trabajadores, aunque recomendable en todas las demás.
¿Pero sabías que además de para facilitar cumplir con la legislación, también sirve para evitar sanciones del canal de denuncias?
Vamos a ver ahora con más detalles las posibles penalizaciones por no disponer de un canal de denuncias en la empresa o no respetar ciertas normas que van unidas a esta herramienta y las principales consecuencias que puede tener.
Para evitar estos peligros, lo recomendable siempre es contar con un canal de denuncias externo con software especializado. Este tipo de aplicaciones permiten tener todo controlado y que se reduzcan las posibilidades de cometer algún error legal.
¿Quién puede ser sancionado en el canal de denuncias?
La falta de un canal de denuncias adecuadamente establecido, que asegure tanto la confidencialidad como el anonimato de quienes reportan, puede acarrear multas de hasta un millón de euros para los infractores
Según la Ley 2/2023, de protección de informantes de corrupción, específicamente en su artículo 63, estas penalizaciones pueden aplicarse a tanto entidades legales como a individuos que, violando esta normativa (por ejemplo, ejerciendo represalias contra el denunciante) impidiendo el correcto funcionamiento del canal de denuncias, incumplan con los estándares requeridos.
Por lo tanto, las sanciones vinculadas al canal de denuncias pueden dirigirse tanto a la corporación o entidad implicada como a sus miembros. Da igual si son trabajadores de la empresa o miembros del equipo directivo.
Si incurren en algún tipo de falta leve, grave o muy grave, implicará que haya sanciones por el canal de denuncias.
¿Qué sanciones y multas puede haber?
Las penalizaciones y multas que puede acarrear no respetar alguno de los requisitos del canal de denuncias pueden llegar a ser de 1 millón de euros en su caso más grave.
Vamos a ver más en detalle a cuánto pueden ascender las sanciones.
Las sanciones varían según se trate de una persona física o jurídica:
Sanciones a personas físicas
Las multas pueden ir desde 1.001 hasta 10.000 euros por infracciones menores, de 10.001 hasta 30.000 euros por infracciones graves, y de 30.001 hasta 300.000 euros por infracciones muy graves.
Sanciones para personas jurídicas
En estos casos, en el caso de infracciones leves, la multa puede ser de hasta 100.000 euros. En el caso de sanciones graves variará de 100.001 hasta los 600.000 en función de su importancia y en el caso de las multas por sanciones muy graves pueden llegar al millón de euros.
Como ves, las multas pueden ser enormes, incluso en el caso de personas físicas que sean responsables con algún tipo de infracción que se cometa en cualquiera de los puntos del proceso en la gestión de una denuncia.
Ahora nos falta saber qué tipo de infracciones existen para intentar evitarlas.
Tipos de infracciones en el canal de denuncias
La ley del canal de denuncias, que transpone la Directiva Whistleblowing (UE 2019/1937) al ordenamiento español, establece las siguientes categorías de infracciones:
El marco legal español detalla un espectro de infracciones dentro del ámbito de la Ley de protección de denunciantes de corrupción, clasificadas en leves, graves y muy graves, con las siguientes especificaciones:
Infracciones leves
Las acciones o comportamientos considerados infracciones leves incluyen:
- La entrega intencionada de información incompleta por parte del responsable del Sistema a la Autoridad Competente, o la entrega fuera del plazo establecido.
- La falta de cumplimiento de la obligación de colaborar en la investigación de las denuncias presentadas
- El incumplimiento de cualquier obligación estipulada en la ley que no se clasifique como infracción grave o muy grave.
Infracciones graves
Se consideran infracciones graves los siguientes comportamientos:
- Cualquier acción que limite los derechos y garantías establecidos por la ley, así como intentos o acciones que obstaculicen o intenten impedir las denuncias y su seguimiento, siempre que no sean clasificadas como muy graves.
- La vulneración de las garantías de confidencialidad y anonimato establecidas en la ley, cuando no se considere muy grave.
- La infracción del deber de mantener en secreto la información relacionada con las denuncias, si no se clasifica como muy grave.La omisión en adoptar medidas necesarias para asegurar la confidencialidad y el secreto de las denuncias.
- La comisión de una infracción leve cuando el autor haya sido previamente sancionado por dos infracciones leves en los dos últimos años.
Infracciones muy graves
Las acciones clasificadas como infracciones muy graves incluyen:
- Cualquier acto que limite los derechos y garantías amparados por la ley, intentos o acciones que obstaculicen o busquen impedir las denuncias y su seguimiento. Incluye también las denuncias realizadas con información falsa a sabiendas de ello
- Adoptar represalias contra los denunciantes.
- Violar las garantías de confidencialidad y anonimato previstas en la ley, así como cualquier intento de revelar la identidad de un denunciante anónimo.
- Incumplir el deber de mantener en secreto cualquier información relacionada con la denuncia.
- Cometer otra infracción grave, si el infractor ha sido sancionado con resolución firme por dos infracciones graves en los últimos dos años.
- Divulgar o comunicar públicamente información falsa en denuncias donde se identifique al denunciante.
Las sanciones por infracciones muy graves varían desde 600.001 hasta 1 millón de euros para personas jurídicas.
Además, la Autoridad Independiente de Protección del Denunciante puede imponer medidas adicionales como:
- Amonestación pública.
- Prohibición de recibir subvenciones y otros beneficios fiscales por un máximo de 4 años.
- Prohibición de contratar con el sector público por un máximo de 2 años.
¿Puede haber más consecuencias para empresas o personas?
Además de las penalizaciones legales, las empresas enfrentan otros riesgos legales y de reputación que conviene evitar.
Violar la normativa sobre el canal de denuncias puede llevar a sanciones por vulneración de datos o no cumplir con el RGPD.
De ahí la importancia que los canales de denuncias tengan las convenientes medidas para evitar que los datos de asociados como los datos personales del denunciante o denunciado estén siempre protegidos.
Con una aplicación externa que cumpla todos los estándares de seguridad se reduce el peligro de problemas legales y sanciones.
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